Uruguay: Gobierno y URSEC presentaran propuesta para reformar la ley de radiodifusion.
El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (URSEC) harán público un primer borrador de proyecto de ley para regular los servicios de comunicación audiovisual, con el objetivo de sustituir a la Ley de Radiodifusión vigente.
Aunque no está previsto que sea considerado para su votación en el actual periodo de gobierno, expresaron su interés en realizar un amplio debate del tema, para lo cual será puesto a consideración del Parlamento, sectores empresariales y la sociedad civil. Así lo expresó Alicia Fernández, directora de la URSEC, durante el Foro sobre Pluralismo y Diversidad en la Radiodifusión.
La presentación de los aspectos centrales que abordará el proyecto de ley estuvo a cargo del abogado argentino Damián Loreti, consultor internacional a quien la URSEC contrató como asesor en la materia a través de un proyecto de cooperación entre el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) y la OPP (Oficina de Planeamiento y Presupuesto).
De lo que se trata es de “implantar un marco formal que recoja todas las iniciativas para tener una reglamentación armónica”, dijo Fernández, en el entendido que la legislación actual está dispersa y no es suficiente para responder a los desafíos planteados por las nuevas tecnologías y los procesos de convergencia.
Un requisito previo a la elaboración del proyecto consistió en “buscar el sentido y el encuadre internacional a la actividad de los medios de comunicación en términos regulatorios” ya que la realidad estaba funcionando “más rápido que la propia legislación” del país, y en ello hubo acuerdo por parte del gobierno uruguayo, según afirmó Loreti.
Para ello, y entre otros antecedentes internacionales, se tomó como base el documento de UNESCO llamado “Guía para la elaboración de leyes de radiodifusión”, así como la Directiva sobre servicios audiovisuales aprobada recientemente por la Unión Europea.
El tópico central de este enfoque es “hasta dónde la discusión internacional de los servicios que van a parar a la regulación de la Organización Mundial del Comercio, esto es: telecomunicaciones, arrastraba o no cuestiones que tienen que ver con difusión de contenidos artísticos, culturales e informativos”, dijo Loreti.
Para la elaboración del proyecto fueron relevadas muchas legislaciones de otras partes del mundo, en las que se evidencia la exigencia en materia de contenidos, derechos del público o existencia de cuotas, así como la necesidad de regular los servicios de televisión en sus distintas plataformas (abierta terrestre, para abonados o por internet).
El proyecto presentado por el consultor internacional incluye aspectos relacionados con transparencia y accountability de los medios; tipologías de los servicios contemplados; mecanismos de participación ciudadana promovidos por el Estado, tales como audiencias públicas para la adjudicación o renovación de frecuencias; y distintas tipologías sobre control de concentración.
En este último aspecto, Loreti se detuvo afirmando que “hay una vieja mitología que establece los controles de concentración sobre la cantidad de licencias que puede acumular un mismo titular y no solo la variedad de soportes”. En tal sentido, dijo que esto no representa un efectivo control de concentración.
Por ejemplo, “no es lo mismo cinco AM de media potencia que cinco FM, a la hora de contar las potencias, cinco FM de baja potencia saturan un eventual término de cinco licencias”, pero “en capacidad de formación de opinión pública, de concentración de mensajes o de disponibilidad de recursos, o concentración de derechos de exhibición de cuestiones de relevancia tiene una incidencia fundamental”, dijo.
Sobre este tema, afirmó que el objetivo planteado es el de “aprovechar la utilización de la tecnología para un proceso de desconcentración en la propiedad de los medios”.
En su intervención, la directora Fernández también destacó el trabajo realizado por la Comisión Honoraria Asesora Independiente (CHAI), que evaluó los procesos de consulta pública para la adjudicación de frecuencias de FM en el interior del país, realizadas en septiembre, a las que calificó de “experiencias positivas”.
Asimismo, resaltó lo realizado por el Consejo Honorario de Radiodifusión Comunitaria (CHARC), que estudió más de 400 expedientes para regularizar emisoras que ya estuvieran transmitiendo, en el marco de la Ley de Radiodifusión Comunitaria.
Ambos grupos de trabajo llegaron a tiempo para adjudicar las frecuencias correspondientes antes de la veda electoral que rige desde el 25 de octubre pasado y que prohíbe otorgar nuevas frecuencias radioeléctricas en el país. Esto fue fruto de un “esfuerzo muy grande” por parte de todos los actores involucrados, dijo Fernández. Informa: RADIODIFUSIONdata.