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Vitoria prohibirá regalos o invitaciones de empresas contratadas a electos

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El Ayuntamiento de Vitoria va a incluir cláusulas en sus pliegos de contrataciones en las que se recoja la prohibición de que cargos electos locales reciban regalos o invitaciones de empresas a las que se les adjudiquen contratos municipales.

En un comunicado, la concejala de Nuevas Tecnologías del consistorio, Leticia Comerón, ha explicado que ésta es una de las novedades que la institución va a introducir en un plan integral de transparencia que pretende aprobar antes de fin de año.

Entre las medidas que pretende impulsar destaca que los pliegos de contrataciones contemplen la prohibición de cualquier tipo de regalo o invitación por parte de contratistas y proveedores a electos locales.

El Ayuntamiento también quiere que los contratos de compra de bienes y servicios recojan una cláusula que los invalide, en caso de que quede probada la existencia de “vínculos o intereses” comunes entre los cargos electos que han participado en su tramitación y los responsables de las empresas que se hagan con ellos.

El consistorio también quiere elaborar un modelo de contratación pública electrónica, así como modificar la regulación de los contratos menores, de modo que se exija un informe motivado en los mismos, y crear en la web municipal un servicio de avisos de nuevas licitaciones de libre suscripción.

Con estas acciones, Comerón ha subrayado que Vitoria “va dando pasos” para cumplir la Ley de Transparencia y convertirse en una institución “aún más transparente”.

Además, con el mismo propósito, el Ayuntamiento incorporó en su día a la web municipal las declaraciones de bienes del alcalde, Javier Maroto, de concejales y de altos cargos.

Vitoria fomenta la contratación de grupos con problemas de acceso al empleo

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El Ayuntamiento de Vitoria ha adjudicado los contratos para los servicios de limpieza integral y acceso a las instalaciones de Gamarra y Mendizorroza en la campaña de verano que posibilitarán la contratación de un centenar de personas con dificultades para acceder al mercado laboral.

El consistorio ha informado de que entre las entidades adjudicatarias está un centro especial de empleo destinado a la plena inserción laboral de las personas con discapacidad y que también se ha mejorado la cláusula de género para incrementar el porcentaje mínimo de contratación de mujeres hasta un 45 %.

Además, en el caso de las contratación de personas para el control de acceso a las instalaciones se ha incorporado la condición en el pliego de contratación de que al menos el 80 % del personal contratado sea menor de 30 años y que se encuentre registrado en Lanbide por un periodo mínimo de seis meses.

En lo que a la limpieza se refiere, se ha determinado que como mínimo el 80 % de los contratados sean mayores de 50 años y lleven al menos tres meses apuntados en Lanbide.

Por otro lado, el grupo municipal del PNV en el Ayuntamiento de Vitoria ha propuesto que se incremente la relevancia del uso del euskera en la contratación municipal y que se establezcan requisitos lingüísticos en los procedimientos de adjudicación.

El PNV quiere que el euskera figure como uno de los criterios de puntuación de las diferentes ofertas o que se fije como condición de ejecución del contrato.

De Andrés pide que Foronda sea el aeropuerto de cabecera en lugar de Loiu

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El diputado general de Álava, Javier de Andrés, ha reivindicado que el aeropuerto cabecera y de referencia del País Vasco y de su entorno sea el vitoriano de Foronda en lugar del vizcaíno de Loiu, del que ha dicho que es de “segundo nivel”.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Diputados de Álava, De Andrés ha rechazado la propuesta del Gobierno Vasco trasladada al Ministerio de Fomento para que el aeropuerto de Foronda pueda recibir los vuelos desviados desde aeropuertos cercanos en caso de malas condiciones meteorológicas.

Esta petición fue trasladada la pasada semana por la consejera vasca de Medio Ambiente y Política Territorial, Ana Oregi, a la ministra de Fomento, Ana Pastor, en una carta en la que se mostraba “enormemente preocupada” por la operatividad de Foronda, que desde el pasado verano pasó de operar las 24 horas del día a 12 en horario nocturno.

La misiva se envió después de que en los últimos días de diciembre y primeros de enero la gran mayoría de los vuelos con destino a Loiu afectados por causas meteorológicas fueran desviados a Barcelona.

El diputado general de Álava ha tachado de “sorprendente” la petición del Gobierno Vasco de convertir Foronda en un aeropuerto de “contingencia”.

“Ningún aeropuerto del mundo tiene un aeropuerto próximo mejor que el principal por si hay una alguna emergencia”, ha incidido.

Ha señalado que Foronda se construyó, no para que se convirtiera en un aeropuerto de emergencias de Bilbao, sino para reunir “todo el tráfico aéreo del norte de España”, dadas las características orográficas de la zona.

Por ello, el diputado general de Álava ha insistido en que el País Vasco y su entorno necesita un gran aeropuerto que pueda responder a todas las necesidades de tráfico aéreo y el único que lo hace, a su juicio, es el de Foronda porque el de Loiu “no reúne las condiciones para atender todos los vuelos”.

Ha reconocido, a preguntas de los periodistas, que aún no ha trasladado al Ejecutivo autonómico su malestar por plantear que Foronda se convierta en un aeropuerto de contingencia de Bilbao, aunque ha desvelado que ha defendido ante la ministra de Fomento la viabilidad de Vitoria para que se convierta en el aeropuerto principal.

El Ayuntamiento de Vitoria quiere que haya 600 metros entre locutorios

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El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vitoria ha aprobado una nueva ordenanza para exigir que haya un mínimo de 600 metros entre locutorios y que éstos tengan al menos 60 metros cuadrados, con el fin de evitar la proliferación de este tipo de locales y las aglomeraciones en su interior.

El alcalde de la capital alavesa, Javier Maroto (PP), ha anunciado hoy en una rueda de prensa esta nueva ordenanza que deberá ser debatida en la comisión de Medio Ambiente. A partir de ese momento se abrirá un plazo para la presentación de enmiendas y los ciudadanos y afectados también podrán hacer sus aportaciones.

El objetivo del PP es regular estos locales que proliferan en Vitoria, donde están censados 47 locutorios, a 45 de los cuales se les ha abierto un expediente en los últimos meses por motivos higiénico sanitarios o por vender mercancías que nada tienen que ver con este tipo de locales.

La nueva ordenanza también pretende que los locutorios sean más grandes, con un mínimo de 60 metros cuadrados y con una zona de espera de 20 metros para que no se conviertan “en salas de reuniones” y así “evitar molestias a los vecinos”, según ha explicado el primer edil.

Maroto quiere con esta nueva regulación garantizar las condiciones higiénicas de estos locales, por lo que se proponen multas desde 750 hasta 3.000 euros a los locutorios que incumplan los requisitos establecidos.

La nueva ordenanza también recoge que a través de los escaparates de los locutorios se pueda ver la actividad del interior, ya que en muchos casos ofrecen servicios “que nada tienen que ver con un locutorio”, como venta del alcohol o medicamentos, según ha denunciado el alcalde.

Vitoria es el primer ayuntamiento que aprueba el código de conducta de Eudel

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El Ayuntamiento de Vitoria se ha convertido en el primer municipio vasco en aprobar el “Código de Conducta, Buen Gobierno y Compromiso por la Calidad Institucional” impulsado por la asociación vasca de municipios, Eudel.

El pleno del ayuntamiento ha decidido hoy con los votos favorables del PP, que gobierna la ciudad, y el PNV adherirse a este código, que compete a toda Corporación, tanto concejales del Gobierno como de la oposición.

El documento persigue que alcaldes y ediles no despilfarren, no acepten regalos y eviten favoritismos con el fin de recuperar la confianza de los ciudadanos.

El código de Eudel repite conceptos amplios como integridad y ejemplaridad, imparcialidad e interés público, pero también concreta un listado de conductas para los electos locales “con la mirada puesta en reforzar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones”.

Entre esas directrices, se citan la de no revelar información confidencial, no utilizar el cargo para obtener ventajas o desfavorecer a otros, evitar favoritismos y abstenerse en las votaciones que conciernan a asuntos en los que pueda haber intereses personales.

Tampoco se deberán llevar a cabo negocios que “directa o indirectamente puedan colisionar con los intereses públicos municipales”, ni admitir regalos, entradas, vales, números de lotería “o cualquier beneficio directo” que “vaya más allá de los usos, habituales, sociales y de cortesía”.

Aunque el de Vitoria ha sido el primer Ayuntamiento en aprobar el código de Eudel, éste se aplicará a de forma experimental en otras catorce localidades, entre ellas Bilbao y San Sebastián. Esta prueba piloto servirá para “testar la viabilidad” de la iniciativa.

La oposición foral alavesa pide ‘consenso’ a la Diputación sobre cómo gastar el dinero del déficit

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Ramiro González (PNV) y Cristina González (PSE)

Ramiro González y Cristina González, portavoces de los grupos junteros de PNV y PSE respectivamente, en dos entrevistas en Radio Vitoria. | Fotografías: GONTZAL YAÑEZ - Fuente: eitb.com

La oposición de las Juntas Generales de Álava pidió ayer al Gobierno de Javier de Andrés que negocie en la cámara foral el destino de los fondos adicionales por la posible “flexibilización” del déficit. Los grupos junteros propusieron dotar de recursos las resoluciones del Pleno monográfico de julio de 2012 y las de la Ponencia de empleo, o apoyar el aeropuerto de Foronda y la plataforma logística de Arasur.

El jueves se reunieron en Ajuria Enea el lehendakari, los diputados generales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, y la presidenta de Eudel. Tras el encuentro, el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, explicó que las instituciones habían pactado compartir el dinero que podría llegar por una posible “relajación” de los objetivos de déficit. El diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, cifró los recursos del fondo “entre 200 y 300 millones de euros” a nivel de Euskadi. La Diputación de Gipuzkoa desmintió después que hubiese habido acuerdos.

El portavoz del grupo juntero alavés del PNV, Ramiro González, recordó ayer que el diputado general, Javier de Andrés, ya ha avanzado esta semana en El Correo sus planes para los recursos que correspondan a Álava, como el de reservar “entre 5 y 6 millones al acondicionamiento de la red foral de carreteras”. Ante esas declaraciones, el jeltzale pidió “que se intente cerrar un consenso dentro de las Juntas Generales para decidir el destino de esos fondos”.

Desde el Partido Popular, la portavoz de su grupo juntero, Ana Morales, destacó que en la reunión del jueves “ya se marcó un consenso en torno al destino de esos fondos, que iban a ir prioritariamente a inversiones en infraestructuras que puedan potenciar la reactivación económica”. De todos modos, en una tertulia política en el programa Plaza Nueva Fin de Semana de Radio Vitoria, la representante popular señaló que “el debate está abierto” y que “es un acuerdo que deberá pasar por la ratificación de las Juntas Generales”.

Entre las opciones para el gasto adicional, el portavoz de Bildu, Gorka Ortiz de Guinea, se refirió a los “trabajadores cuyas empresas van a cerrar y quieren hacerse cargo de ellas, para instalarlas en forma de cooperativas”. Una fórmula en la que ya trabaja el Gobierno vasco, según añadió el portavoz del PNV. En cualquier caso, el representante de Bildu remarcó que esas cantidades del déficit son “una posibilidad, no es un dinero que a día de hoy sea real”.

La portavoz del grupo juntero del PSE, Cristina González, defendió que “las prioridades” para la reactivación económica en Álava ya se fijaron en el Pleno monográfico del 12 de julio de 2012 y en la ponencia de empleo de las Juntas Generales: “Hay un acuerdo mayoritario para poner estas medidas en marcha. No sabemos si lo va a tener en cuenta la Diputación o si únicamente va a hacer inversiones en carreteras con 5 millones”.

Junto a las resoluciones de la ponencia, la portavoz de Ezker Batua, Nerea Gálvez, añadió que es necesario un acuerdo “entre los tres territorios” sobre la gestión aeroportuaria: “Foronda nos afecta, pero [la gestión] debe estar coordinada con el resto de territorios”. Esa “coordinación” la planteó asimismo para la plataforma logística de Arasur, en Rivabellosa.

Los sindicatos de la ayuda a domicilio de Álava piden a Emakunde que medie con la Diputación para evitar nuevos ‘despidos’

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Los representantes de los trabajadores de la ayuda a domicilio de Álava han alertado de que podría haber nuevos “despidos” en este sector, dependiendo de la adjudicación del servicio por parte de la Diputación. Para tratar de evitarlo, han solicitado al Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde) que medie para que la diputada de Servicios Sociales, Marta Alaña, acceda a reunirse con ellos. El diputado general, Javier de Andrés, ha dicho que el servicio tiene actualmente “menos demanda”, por lo que se está atendiendo “toda” con una menor financiación.

Según los sindicatos, el Servicio de Ayuda a Domicilio, que ofrece asistencia a personas mayores o con discapacidad, emplea a 800 personas en Álava, de las que el 90% son mujeres. Recuerdan que la Diputación alavesa tiene pendiente de adjudicar su gestión en 2013 por 18 millones de euros, frente a los 21 del año pasado.

En una rueda de prensa en Vitoria, ELA, CCOO, LAB y UGT han mostrado su “preocupación” ante el “recorte” presupuestario. Conchi Castillo, de CCOO, ha añadido que tienen “miedo de cómo será adjudicado” el servicio y que dudan sobre la aplicación del convenio sectorial por parte de las futuras compañías gestoras. Ha denunciado que estos contratos son “un negocio lucrativo” para las empresas y que “los paganos son los usuarios del servicio y los trabajadores”. Ha recordado, asimismo, que en el sector se han perdido 300 puestos de trabajo en los últimos tres años mediante la no renovación de contratos.

Los representantes de los trabajadores han informado de que, ante los “despidos encubiertos” y las “amenazas de ERE” de las empresas, han realizado 30 solicitudes a la diputada de Servicios Sociales para que se reúna con ellos. Al no conseguirlo, según ha explicado Mireia Monzón, de ELA, han acudido a Emakunde para que medie con la Diputación para que se celebre el encuentro. La representante sindical ha señalado, asimismo, que han puesto el caso en conocimiento del Ararteko y del Síndico de Vitoria.

Tras la reunión del Consejo de Gobierno, el diputado general, Javier de Andrés, ha explicado que se está atendiendo “toda la demanda” de ayuda domiciliaria en Álava, que a su juicio es “menos” que en épocas anteriores. Sobre la posibilidad de una reunión entre la diputada de Servicios Sociales y los sindicatos, ha defendido que los encuentros se tienen que producir con las empresas. En cuanto a “los problemas” laborales, ha opinado que deben resolverse entre las compañías y sus empleados.

Minutos después, los sindicatos han realizado una concentración de protesta frente a la sede de la Diputación. Según han informado, el 25 de abril realizarán otra movilización desde la Plaza Nueva hasta la Plaza de la Provincia.

La Diputación alavesa prevé recaudar 6,4 millones de euros menos con su paquete de medidas tributarias para 2013

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El diputado general de Álava, Javier de Andrés, y la teniente de diputado general, Marta Alaña, durante un debate en las Juntas Generales de Álava.  |  Imagen: EFE

El diputado general de Álava, Javier de Andrés, y la teniente de diputado general, Marta Alaña, durante un debate en las Juntas Generales de Álava. | Imagen: EFE

Las Juntas Generales de Álava aprobarán en breve una norma foral que afectará a los impuestos en vigor en el territorio durante 2013. Si PP y PNV la respaldan, tal como han anunciado hoy, la Hacienda alavesa ingresará el año que viene 6,4 millones de euros menos a través del IRPF. Bildu, PSE y Ezker Batua han calificado las medidas de “parches” y han alertado de que el posible descenso recaudatorio llegará en un momento de “crisis”.

El proyecto de Norma Foral de Medidas Tributarias para 2013 fue aprobado el pasado 28 de diciembre por la Diputación que lidera el popular Javier de Andrés. Contiene, según la Certificación de la Secretaría General de la institución, modificaciones en impuestos como el IRPF o el de Sociedades. Entre ellas, la “actualización” de las “deducciones personales y familiares”, y la “deflactación de la tarifa” del IRPF.

Con anterioridad, un informe económico de la institución, fechado el 14 de diciembre, señaló que la normativa, en caso de aprobarse, tendrá “un impacto económico acumulado de 6,4 millones de euros de coste” ligado al IRPF. Una “menor recaudación” que se materializará en el “ejercicio presupuestario 2014”, según el documento firmado por el director foral de Hacienda, Juan Ignacio Martínez.

En plena tramitación en las Juntas Generales, hoy se han debatido varias enmiendas de Bildu y PSE al proyecto en la comisión de Hacienda, Finanzas y Presupuestos. La mayor parte de ellas han sido rechazadas por PP y PNV, que han coincidido en señalar que este tipo de normas forales se aprueban todos los años y que, en este caso, el borrador no es ajeno “a la coyuntura económica actual”. Han aclarado que el proyecto contiene “medidas muy puntuales” y “aspectos técnicos concretos”.

Las junteras Ana Morales (PP) y Pilar García de Salazar (PNV) han subrayado que este borrador nada tiene que ver con la “reforma fiscal” que se está “negociando” entre los partidos “en distintos foros”. La procuradora jeltzale ha añadido, asimismo, que su grupo ha aprobado en Bizkaia un paquete de medidas tributarias “muy similar” a este. La portavoz popular ha acusado al PSE de querer “endurecer la tributación, incluso a las rentas medias”. Ha asegurado, asimismo, que este proyecto cumple también las exigencias de Bruselas” respecto al Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Bildu, PSE y Ezker Batua han criticado el paquete de medidas al considerarlo un conjunto de “parches” que traerán una “merma” en la recaudación en un momento de “crisis”. Josu López Ubierna (PSE) ha dicho que el respaldo de PP y PNV a este proyecto es “incongruente con lo que en territorio común vota el Partido Popular y con lo que vota en Bizkaia el Partido Nacionalista Vasco”.

Declaraciones tributarias de políticos

Una de las enmiendas del PSE que ha sido rechazada por PP y PNV proponía incluir en el Plan anual de Lucha contra el Fraude Fiscal de Álava las declaraciones tributarias de los miembros del Gobierno foral, los altos cargos dependientes de la Diputación y los procuradores de las Juntas Generales. López Ubierna ha explicado que su grupo no busca “el chismorreo”, sino que las declaraciones de bienes “realmente se ajusten a la realidad”. Populares y jeltzales han recordado que la cámara foral alavesa ya tramita, de forma paralela, otro proyecto de norma foral de medidas contra el fraude fiscal.

El ‘complemento’ a la prórroga pactado por PP y PNV inicia su trámite entre las críticas del resto de la oposición foral

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Javier de Andrés y Ramiro González

El diputado general de Álava, Javier de Andrés, y el portavoz del PNV en las Juntas Generales, Ramiro González, en Radio Vitoria. | Autor de las fotografías: GONTZAL YAÑEZ - Fuente: eitb.com

La Diputación alavesa contará con 5,2 millones de euros adicionales para gestionar la prórroga de los presupuestos. Será a través de una nueva autorización de endeudamiento  y de un “incremento” en las tasas de la Hacienda del territorio. Así lo especifica el proyecto de norma foral de “medidas complementarias” registrado el viernes en las Juntas Generales de Álava. PP y PNV defienden que el acuerdo será “beneficioso” para Álava, mientras los grupos junteros de Bildu, PSE y Ezker Batua lo tachan de “incomprensible”, “sin lógica” o de “cambio de cromos”.

El Proyecto de Norma Foral de Medidas Complementarias a la Prórroga Presupuestaria para 2013 fue aprobado el pasado martes por el consejo de diputados. En una rueda de prensa posterior, el diputado general de Álava, Javier de Andrés, calificó el pacto con el grupo juntero del PNV de “satisfactorio”. En una entrevista en Radio Vitoria, el portavoz jeltzale en la cámara foral, Ramiro González, negó que fuese un “cambio de cromos” e informó de que el Gobierno foral había aceptado “la mayor parte” de sus “planteamientos”.

Para su debate y votación en las Juntas Generales, el proyecto de norma foral tendrá que tramitarse en las próximas semanas. Para ello, por ahora, ya ha sido registrado en la cámara. Entre las novedades, en el texto de la norma se desglosan las partidas dirigidas a las cuadrillas alavesas: recibirán todas 54.000 euros, excepto la de Laguardia-Rioja Alavesa, que ingresará 81.000.

Se confirman asimismo las cantidades para la residencia de Abetxuko (541.476 €) y las políticas de euskera, entre ellas una aportación de 233.000 euros para la “cooperación técnica” de las cuadrillas y Treviño. Quedan reflejadas también las nuevas partidas a SEA Empresarios Alaveses (60.000 € para un convenio de “inserción laboral”), Club Deportivo Zuzenak (55.000 €), Araberri (40.000 €), Basque Culinary Center (40.000 €), Campus de Álava de la UPV/EHU (25.000 €) y Geu Gasteiz (9.000 €). Las localidades de Lagrán, Villabuena, Acilu o Navaridas recibirán alrededor de 50.000 € cada una para realizar distintas obras.

Entre las partidas que se incluyen en la prórroga y se incrementan con esta norma foral, figuran las de infraestructuras del Plan Integral de Carreteras de Álava (PICA) (se incrementa en 479.000 €), la de “mejoras y refuerzos de firmes” (211.000 € más), Fundación Alvide (100.000 € adicionales) y la de “energías renovables” del Plan Mugarri (casi 51.000 € más).

Entre los créditos de compromiso hasta 2015 destacan las cantidades para la “conversión” del albergue Carlos Abaitua en un centro del Instituto Foral de Bienestar Social. El diputado general concretó el martes que estará dirigido al “tratamiento temprano de niños con discapacidades”. Recibirá 100.000 euros este año y, en total, 1,3 millones hasta 2015. En relación con las vacaciones fiscales, el Plan Foral de Obras y Servicios contará con una “financiación extraordinaria” de 1,7 millones de euros en 2014, y Amurrio recibirá, entre 2013 y 2014, un total de 400.000 euros para la vía verde del Nervión.

Serán en total 5,2 millones de euros: casi 5,1 llegarán a través de una nueva autorización de endeudamiento, y cerca de 150.000 euros mediante el “incremento en la recaudación de ingresos procedentes de actualización de tasas públicas”, según recoge el informe sobre la “incidencia presupuestaria” de la norma, elaborado por el Servicio foral de Presupuestos y Compromisos Institucionales.

Ayer, en una tertulia política en Radio Vitoria, los grupos junteros de Bildu, PSE y EB volvieron a criticar el acuerdo entre PP y PNV. Tras sugerir el martes que la denuncia de las presuntas irregularidades en la gestión de la AP-1 por parte de la Diputación podría haber sido una forma de “presión” al PNV para acelerar el acuerdo en las Juntas Generales, en Plaza Nueva Fin de Semana la procuradora Lorena López de Lacalle reiteró que el grupo jeltzale “renuncia a ser alternativa” al llegar a un “incomprensible” acuerdo con los populares. Para la juntera de Bildu, el PNV “ha sacrificado Araba” porque “PNV y PP tienen otras canteras de voto más importantes”.

Josu López Ubierna, del PSE, defendió que el pacto no tiene “lógica” y que convierte al PNV en “el principal apoyo del PP”. Añadió que el “mejor acuerdo” hubiese sido uno que incluyese a “todos” los grupos políticos de las Juntas Generales, pero que los jeltzales “han firmado solos” son el Partido Popular.

La portavoz de Ezker Batua, Nerea Gálvez, dijo estar “perpleja” por la importancia dada a un acuerdo para gestionar 5,2 millones de euros “frente a los 400” del presupuesto propio de la Diputación alavesa. La juntera insistió en que el pacto ha llegado “marcado por los ritmos y necesidades del cambio de cromos entre PP y PNV”. En este sentido, dijo preferir un acuerdo “pensando en los intereses de Álava”.

Los representantes de PP y PNV respondieron al resto de grupos defendiendo el acuerdo alcanzado por sus formaciones. El juntero jeltzale Pedro Elosegi remarco que el pacto es “beneficioso para Álava” y que “contribuye a que la gestión de la prórroga pueda ser mejor”. Citó como ejemplos las partidas para el euskera o asociaciones como Eginaren Eginez y, ante las afirmaciones de Bildu, señaló que el PNV “no deja de ser alternativa”.

La portavoz del PP en las Juntas Generales, Ana Morales, defendió que el pacto “es legítimo, útil y aporta soluciones”. “El mejor acuerdo posible”, a su juicio, porque “dará estabilidad a la Diputación y confianza a los alaveses”. Rechazó las críticas de Bildu como intentos de “deslegitimar” el pacto: “nosotros no hemos dudado de la legitimidad del acuerdo entre PSE y Bildu en Gipuzkoa”. En su opinión, el actual mapa político vasco es “complicado” y “obliga” a los partidos a pactar, pero aclaró que su grupo hubiese preferido poder aprobar un nuevo presupuesto, para lo que hubiese hecho falta, según afirmó, “mayor compromiso” por parte de la oposición.

EB pregunta a la Diputación cómo resolverá las presuntas “irregularidades” de la AP-1

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Nerea Gálvez, portavoz de EB en las Juntas Generales de Álava, y Alicia Ruiz de Infante, diputada foral de Obras Públicas y Transportes. | Fuente: eitb.com

Nerea Gálvez, portavoz de EB en las Juntas Generales de Álava, y Alicia Ruiz de Infante, diputada foral de Obras Públicas y Transportes. | Fuente: eitb.com

Ezker Batua interpelará mañana al Gobierno foral sobre la presunta gestión “irregular” del tramo alavés de la autopista Vitoria-Eibar. La portavoz del grupo juntero, Nerea Gálvez, preguntará en el Pleno de control de las Juntas Generales de Álava “por qué no se han adoptado las medidas legales oportunas que concluyan en la exigencia de responsabilidades políticas y económicas”. EB se refiere a un supuesto “sobrecoste” de tres millones de euros en la AP-1 que, según denunció la Diputación, fue responsabilidad de un alto cargo nombrado por el anterior Gobierno alavés.

El 16 de enero, en una comisión de la cámara foral, la diputada de Obras Públicas y Transportes, Alicia Ruiz de Infante, acusó al exdirector-gerente de la sociedad pública Vías de Álava, nombrado por el PNV, de haber firmado en 2011 un contrato “irregular”: “Unai Grajales Rodríguez asumió unos sobrecostes en el contrato de la gestión de la autopista sin justificación alguna”.

La diputada cifró el coste “injustificado” en tres millones de euros y concretó que suponía pagar a la empresa privada Bidelan “dos veces por un mismo servicio”. Se trató de unas “mejoras que no existieron, porque ya se incluían en el contrato inicial” con la compañía. Ruiz de Infante concluyó que “podríamos estar ante un proceder totalmente irregular” y añadió que no constaba si Grajales fue “autorizado” para la firma del contrato “por el consejo de administración de la compañía, cuyo presidente y consejero delegado era el anterior diputado de Obras Públicas y Transportes, Luis Zarrabeitia”.

El jeltzale Zarrabeitia no negó la posibilidad de que se produjesen irregularidades y pidió que se investigasen las “graves acusaciones”. Asimismo, en declaraciones a Radio Vitoria, informó de que el contrato se firmó “con el conocimiento del Consejo de diputados”.

Al día siguiente, el grupo juntero del PNV solicitó la comparecencia “urgente” de Unai Grajales en las Juntas Generales. El jeltzale Ramiro González firmó la petición indicando que el propio exgerente de Vías de Álava deseaba ofrecer su versión “a la mayor brevedad posible (…) con el fin de aclarar y responder a las gravísimas acusaciones” de la diputada. El grupo explicó que presentó la solicitud para que la comparecencia fuese “a puerta abierta y con presencia de los medios de comunicación”, algo que no hubiese sido posible, siguiendo el reglamento de la cámara, de haberla pedido Grajales.

Posteriormente, en una entrevista en Radio Vitoria el 24 de enero, la diputada de Obras Públicas y Transportes advirtió de que los términos del acuerdo final con Bidelan dependerán de “cómo sigan las negociaciones” con la empresa. A la pregunta de si acudiría a los tribunales para exigir responsabilidades, Alicia Ruiz de Infante señaló que ahora “el interés primordial” del Gobierno foral es que el supuesto contrato irregular “no cueste ningún dinero más a las arcas públicas”. Y cuestionada sobre el por qué de que se destapasen ahora las presuntas irregularidades, respondió que lo hizo “porque el PNV pidió mi comparecencia”.

Ruiz de Infante admitió estar “deseando” escuchar las explicaciones de Unai Grajales, pero insistió en que lo expresado en la comisión no estaba basado en “sospechas”: la diputada citó “informes técnicos internos” redactados por “la secretaria general” de la Diputación alavesa, que defendían que el exgerente de Vías de Álava “carecía de facultades para comprometer a la sociedad en esos términos”. En este sentido, consideró “fundamental” escuchar al exgerente de Vías de Álava para “ver si se contradicen estos informes técnicos o se ratifican”.

Dos días después, en una tertulia política en Radio Vitoria, el portavoz del grupo juntero nacionalista, Ramiro González, coincidió con el exdiputado Luis Zarrabeitia al defender que, si hubo irregularidades, Grajales “tendrá que responder”. Pero advirtió: “Si se pretende acudir a renegociar o anular el contrato [con Bidelan] amparándose en una acusación que no se corresponde con la realidad, estaríamos ante un supuesto tremendamente grave, y quien tendría que responder sería la propia diputada. (…) Estaríamos jugando con el honor de una persona para evitar un perjuicio económico a la Diputación”. En el programa Plaza Nueva Fin de Semana, el jeltzale exigió que le fuesen remitidos todos los documentos citados en la comisión del 16 de enero por la diputada: “está tardando mucho el Partido Popular”, alertó el 26 de enero.

El portavoz de Bildu en las Juntas Generales, Gorka Ortiz de Guinea, enumeró, por un lado, los documento solicitados por su grupo, entre ellos, “un informe técnico”, uno “jurídico” y “las actas del consejo de administración” de Vías de Álava. Por otro lado, subrayó que si las acusaciones de la diputada, que calificó de “extremadamente graves”, se confirman, no entendería “la tibieza” de la Diputación al no acudir a los tribunales.

El juntero del PSE, Josu López Ubierna, remarcó que las “condiciones” del contrato firmado por Grajales “son muy positivas para una empresa privada”. En otro orden de cosas, reclamó que se aclare por qué Vías de Álava y Bidegi, sociedades dependientes de las Diputaciones de Álava y Gipuzkoa respectivamente, “tienen una cuenta de alto rendimiento adonde van las cantidades en metálico que se cobran en los peajes”.

La portavoz del grupo juntero del PP, Ana Morales, insistió en que la exposición de Alicia Ruiz de Infante en las Juntas Generales fue “absolutamente impecable y rigurosa, ciñéndose en todo momento a los informes técnicos de la Secretaría General de la Diputación y del servicio de Carreteras”. La representante popular añadió que eso fue algo “que no hizo el anterior ejecutivo, que suscribió un nuevo contrato sin causa aparente ni justificada”. Ante estas palabras, el portavoz jeltzale, Ramiro González, le afeó el haber “juzgado y condenado a Unai Grajales”, a su juicio, y le calificó de “inquisición en persona”.

La portavoz del Partido Popular defendió que “a ningún grupo político le hubiese gustado que el Gobierno hubiese ocultado esta información”. La portavoz de EB, Nerea Gálvez, dijo que le producía “inquietud” que el ejecutivo actual tuviese “conocimiento de estos datos desde 2011 y estamos en 2013. ¿Por qué sale ahora? Y si tienen tan claro que el contrato [con Bidelan] puede ser nulo de pleno derecho, ¿por qué desde 2011 no lo han anulado?”. Opinó que la Diputación ha estado “años con los papeles en el cajón”.

La juntera de Ezker Batua recordó también que en la comisión del 16 de enero “quedó de manifiesto que el consejo de administración de Vías de Álava coincidía con el consejo de diputados del ejecutivo de Xabier Agirre, por lo que el exgerente estuvo amparado por el consejo de diputados. (…) Por lo tanto, a quien hay que pedirle responsabilidades es al anterior ejecutivo, y su responsable máximo era Xabier Agirre”. El portavoz del PNV respondió que, siendo Alicia Ruiz de Infante “diputada de este Gobierno”, si las “acusaciones” resultan ser falsas, “la responsabilidad será de Javier de Andrés”, actual diputado general de Álava.

La portavoz de EB interpelará a la diputada de Obras Públicas y Transportes sobre “por qué no se han adoptado las medidas legales oportunas” si existen “sospechas fundadas de un enriquecimiento indebido”. En el cuarto punto del Pleno de control de mañana en las Juntas Generales de Álava, Gálvez también preguntará a Alicia Ruiz de Infante “contra quién o quiénes recurriría” si acudiese a los tribunales y “qué medidas contempla (…) en caso de que no se resuelva favorablemente la negociación emprendida con Bidelan”.